Un rato antes de ponerme a escribir esto, he leído que Gabriel Rufián ha intentado convencer en el congreso a los diputados de los partidos de la derecha nacionalista (JUNTS y PNV) para que votasen a favor de la propuesta de ERC de modificar la ley para que las SOCIMI, los fondos buitre y demás multipropietarios tuvieran un poquito más complicado especular con la vivienda. Pensando de su propuesta que el único problema que tiene es que se queda muy corta, no quiero centrarme en como la derecha nacional ha votado directamente en contra (lo cual beneficia directamente a los grandes inversores extranjeros que especulan con el parque de vivienda, para que luego anden todo el día hablando de defender a España), ni en cómo la derecha nacionalista ha evitado de facto que salga adelante con su abstención, ni en cómo es bastante probable que el PSOE haya votado a favor porque sabía que no iba a salir adelante. En lo que quiero centrarme es en que Rufián ha dado un discurso antes de la votación. Y que eso pasa antes de cualquier votación y de cualquier otra cosa. Dar un discurso, me refiero, no que lo dé en concreto Rufián.
Y es que el poder, además de poder conseguirse y conservarse mediante la coerción, se puede conseguir y conservar de formas más sutiles, modelando a las personas para que se sometan “voluntariamente” y para esto último hace falta una cantidad prácticamente impensable de propaganda. No es casualidad que las instituciones que ansiaban conseguir y conservar el poder, a lo largo de toda la historia, hayan dedicado una ingente cantidad de recursos a lo que aparentemente son idioteces banales. Rituales completamente absurdos sin ninguna utilidad práctica, vestimentas innecesariamente concretas, decoraciones milimétricamente complicadas, símbolos reproducidos hasta la náusea, actos que no llevan a ninguna parte y en los que nadie quiere realmente participar. Todo eso sirve a un único objetivo: convencer de que merecen hacer todo lo demás que hacen.
En el caso del Congreso, tenemos los discursos en los que se intentan convencer unos a otros de la bondad y necesidad de esta o aquella medida. Discursos que el resto de diputados no escuchan, no leen y a los que solo hacen caso si por casualidad encuentran una expresión con la que poder montar un circo mediático. Todo está decidido de antemano, ellos lo saben y nosotros lo sabemos. Los desvíos de la disciplina de partido son tan raros que se excusan y se justifican como errores y la normativa interna de la mayoría de partidos castiga explícitamente con multas económicas votar algo distinto a lo que haya decidido quien lo decida, pese a que la constitución reconoce la libertad de actuación de los diputados en el artículo 67 (que les da libertad para ignorar incluso su propio programa), la responsabilidad personal e indelegabilidad del voto en el artículo 79 y la obligatoriedad de los partidos de funcionar democráticamente en el artículo 6 (ambas cosas entran en conflicto abierto con el establecimiento de sanciones por no votar lo que ordene la dirección del partido, en mi opinión). Votan los partidos, no votan los diputados.
Entonces, sabiendo que esos discursos no sirven de nada, que hay casos en los que sirven para mentir abiertamente y que suponen un esfuerzo y una cantidad de trabajo que o se tira a la basura o como mucho se usa para generar contenido en redes sociales y titulares en medios de comunicación, ¿para qué lo hacen?
Imaginemos un mundo en el que no lo hagan, un mundo en el que los diputados, tras ser elegido, tomen decisiones a puerta cerrada, voten telemáticamente lo que la dirección del partido les mande y publiquen pequeñas notas de prensa justificando su decisión. En la práctica, la diferencia con el sistema actual sería mínima, pero actuar de esta forma recordaría mucho a un sistema autoritario en el que el poder de decisión se concentra en unas pocas (y corruptibles) manos. Ahí está el motivo. Este es un Congreso en el que las sesiones se graban, en el que se argumenta de viva voz a favor o en contra de tal o cual votación, en el que es posible dirigirse por su nombre a representantes de otro partido político, en el que se aplauden y pitan discursos, un Congreso que es posible visitar con guías, que está en una dirección concreta por la que puedes pasar andando, que ha convertido a los leones de su entrada en una atracción turística. Es un espectáculo propagandístico destinado a construir una imagen de legitimidad, de seriedad y de funcionalidad. Se hace todo eso para que cuando alguien haga una crítica al sistema político, se le pueda decir que “se discutió en el Congreso” o que “Pedro Sánchez convenció a los diputados de ERC de abstenerse”. No importa cómo funciona realmente, importa que parezca que funciona como se supone que tiene que funcionar.
Puede que se puedan construir complejísimos argumentos apoyando este paripé concreto porque ayuda a la concordia y al funcionamiento de la sociedad en su conjunto y cosas así, pero si quiero que quede algo de esto, es que el Congreso no es una excepción, ni histórica ni geográfica. Las instituciones que dependen para su funcionamiento de la servidumbre voluntaria (que diría Étienne de La Boétie) tienen que invertir buena parte de sus esfuerzos en controlar y mejorar su imagen pública, porque su supervivencia a largo plazo depende de ello. Coercitivamente se puede conseguir que grandes sectores de la población te hagan caso, pero es una situación insostenible a largo plazo, porque la inversión de recursos personales y materiales que requiere es completamente inasumible. Para controlar una población de millones hacen falta millones de vigilantes. Invertir en en conseguir que hacerte caso sea lo que quieran es mucho más barato y tiene la ventaja añadida de perdurar en el tiempo y transmitirse culturalmente. Simplemente es más barato y eficiente mantener todas las tonterías que hacen a diario en el Congreso que sacar al ejército a la calle.
